Hay profesionales tales como médicos, enfermeros y abogados que se dedican a realizar este “negocio”. Incluso hay mujeres que tienen hijos para darlos en adopción bajo esta metodología ilícita, es decir, para venderlos. Los intermediarios cobrarían entre 5000 pesos y 20000 euros, según se trate de parejas argentinas o extranjeras.
Misiones y Santiago del Estero son las dos provincias en las que hubo más cantidad de denuncias por irregularidades en relación al robo de bebés y supresión de la identidad. Precisamente, son las dos únicas que admiten la inscripción de adoptantes de otras jurisdicciones.
“Cuando se da una compra-venta, que tiene que ver con el tráfico de niños, es como una especie de una nueva forma de prostitución, donde ya no hay un cobro por el sexo sino por el producto del sexo. Esto en el norte de Argentina es fatal”, sintetizó Krasnapolski.
Frente a esta realidad, la adopción por entrega directa que, en muchos casos se realiza de manera clara y transparente, se ve como algo turbio ya que suele asociarse directamente con la ilegalidad que reina en esta modalidad de adopción.
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