La adopción por entrega directa es legal en prácticamente toda Argentina, con la excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la considera un delito. Sin embargo, en muchos casos, detrás de este tipo de adopción se ocultan las falsificaciones y el intercambio de dinero, que convierten al niño adoptado en una mercancía.
La madre biológica decide entregar a su hijo en adopción porque, por causas que debe acreditar ante un juzgado, no puede criarlo. La particularidad de la entrega directa se da en el hecho de que esta mujer elije a quién darle el niño en lugar de respetar el orden de la lista de personas inscriptas en los registros de adoptantes. Esto no quiere decir que no hay un control por parte del Estado, ya que este tipo de adopción cumple con todos los requisitos y pasos legales.
“Hay quienes dicen que es el equivalente a la piolada criolla de colarse en la cola”, señaló Norma Krasnapolski, psicóloga especialista en familia y adopción y docente del postgrado en Adopción de la Universidad de Buenos Aires. A su vez destacó la participación de profesionales que se prestan a armar contactos entre madres que quieran dar a sus hijos y familias con deseo de adoptarlos a cambio de dinero. “Ellos dicen que no te cobran por la criatura, pero hay dinero en el medio”, subrayó.
Por su parte, Cecilia Médici opinó que la adopción por entrega directa es “fabulosa” ya que permite tomar contacto con los padres sanguíneos del niño. Además destacó que “la fuerza, el mandato y el compromiso que tiene que te lo dé la misma madre, no es lo mismo que si te lo entrega un juez”.
A pesar de manifestarse “muy a favor” de la entrega directa, Médici advirtió que “en Argentina se ha hecho un comercio de esto” desvirtuando esta modalidad de adopción. “En muchos casos hay extorsiones solapadas, relacionadas a la venta y la compra. De hecho, en Argentina un alto porcentaje de la entrega directa está contaminada”.
María Adela Mondelli de la Fundación Adoptar manifestó que “la adopción por entrega directa debería ser una excepción ya que en esa modalidad se esconde el tráfico de niños”. En la misma línea, la trabajadora social de Prohijar, Myriam Kon, resaltó que “es un acto que puede fácilmente prestarse a presiones y manejos en una gama que va desde el favor, el abuso de poder o el engaño, hasta lo abiertamente delictual, de vender una vida humana, un niño”.
“No siempre los postulantes tienen clara la diferencia entre adoptar un niño, y conseguir un niño”, explicó Kon. Lo cierto es que los aspirantes a convertirse en padres adoptivos son vulnerables a caer en lo ilícito por la desinformación, la dilatada e incierta espera, y el deseo de tener un hijo lo más pronto posible. Los trámites son largos y engorrosos y, quienes buscan eludirlos, pueden recurrir a anotar a un recién nacido en el certificado rosa como hijo propio. En este caso se estaría efectuando una adopción ilegal y se incurriría en el delito de supresión de la identidad.
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